Esta semana ha estado cargada de noticias agridulces para la consulta previa. El gobierno, a través del ministro de Cultura, Luis Peirano, señaló que no se va a publicar la base de datos oficial de los pueblos indígenas peruanos, documento que se había previsto en el Reglamento de la ley, publicado el año pasado.

"No se publicará ninguna base de datos porque puede crear confusión, expectativas innecesarias, problemas de todo tipo. Tenemos obviamente una base de datos, pero la política del ministerio es trabajar a partir de pedidos”, esa fue lo que dijo el ministro, envalentonado, en una idea que probablemente ha sido discutida intensamente, fuera y dentro, con argumentos tan verosímiles como también polémicos.

Este desenlace ha generado más de un desencuentro en el entorno del ministerio, encargado de supervisar el mecanismo. Acaba de renunciar el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, por esos desencuentros, y ha mostrado su desazón por una decisión política desconcertante.

En lo personal, me sorprende que ese mismo gobierno que en algún momento, en sus inicios, se puso como abanderado, de la consulta previa, ahora, de un momento a otro, recula, se pone dubitativo, se hace el tercio, dice como si pero al final termia pareciendo un no, que en el caso de los pueblos indígenas ya suena a mecida, una más.

Tuvieron que pasar 15 años para que un nuevo gobierno aprobara una ley de consulta previa Congreso. El 2011 hubo avances interesantes, en referencia a la dación de la ley. Pero ya advertíamos que, a pesar de la dación de esta histórica norma, la argumentación posterior parecía estar enfocada en ideas bienintencionadas, gaseosas sin norte fijo. Como si de pronto se recordara que hay una necesidad de quedar bien con un sector empresarial o minero, el que puso fuerza desde la época de Conga.

La ley, por cierto, que se pintaba como fundamental, se fue desinflando, al no terne una adecuada reglamentación, que parece ser más bien un saludo de buena voluntad que una herramienta efectiva. Se esperaba mucho de ella. En los hechos, en cambio, no se ha logrado ninguna consulta, ningún acuerdo positivo para diversos diferendos, ningún resultado concreto.

Los vacíos de la ley son fuertes. El hecho mismo que en la práctica no sea vinculante es uno de los principales puntos de cuestionamiento. Además, como se indica que el reconocimiento de pueblo indígena es hecho por pedido de parte, cabe la posibilidad de que, como indica la congresista Verónika Mendoza, un sector, por desconocimiento o falta de voluntad política no implemente la Consulta Previa como debe ser.

Es cierto: un derecho no puede estar sujeto a que los ciudadanos lo solicitan, sino que el Estado haga todo lo posible para garantizar su aplicación. Y habría que ser claros que la inversión privada no se contradice con respeto al medio ambiente y responsabilidades. El tema ya excede lo ideológico y se convierte en un derecho ciudadano.

Eso mismo lo entiende el presidente colombiano Juan Manuel Santos, alguien insospechado de tendencias ideológicas radicales o de izquierda, quien el miércoles puso en su Twitter: “Respaldamos al sector minero energético, pero no a cualquier precio. Deben cumplir responsabilidades ambientales y sociales”.

En tanto, el gobierno humalista, que parece una rémora, y no se sabe a dónde va, retrocede en este tema tan sensible para los pueblos indígenas y también la Amazonía. Lamentable.